El fiscal Cristian Olazábal sostuvo que en el caso de la muerte de Ángel López existió una “falta de acción” en el momento crítico y confirmó que la principal hipótesis apunta a que el padrastro fue quien le provocó los golpes que derivaron en el cuadro irreversible del niño.

En declaraciones , Olazábal explicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso el lunes pasado, cuando el padre biológico del menor se presentó en la fiscalía. “Hasta ese momento solo sabíamos que había un niño con un diagnóstico de muerte cerebral. Ahí se encendió la alarma”, señaló.

Según detalló, la investigación avanzó con rapidez a partir de informes preliminares, en especial el de la médica forense, que permitió establecer una hipótesis inicial. “En este poco tiempo hemos logrado atribuir una responsabilidad con el grado de probabilidad suficiente que exige el Código Procesal Penal”, afirmó.

El fiscal indicó que, de acuerdo a la reconstrucción realizada, el autor de los golpes habría sido Michael González, pareja de la madre del niño. En ese contexto, sostuvo que la mujer también tiene responsabilidad penal por su conducta durante los hechos. “Ella estaba presente y no hizo nada cuando tenía oportunidad de hacerlo. No pidió ayuda, no llamó a una ambulancia y lo calló”, aseguró.

Olazábal remarcó que las lesiones del menor generaban sintomas evidentes que no fueron atendidos. “Lo callaron hasta el punto de que cuando llegó la ambulancia el niño estaba prácticamente muerto. El cuadro era irreversible”, explicó.

Respecto de la mecánica de las agresiones, el fiscal describió que se trataría de golpes con elementos romos en el cráneo, que pueden no dejar marcas externas pero sí provocar daños internos graves. “No se puede decir que no se podían imaginar que esos golpes podían causar la muerte de un niño”, enfatizó.

En cuanto a la calificación legal, señaló que aún se trabaja en determinar si se trató de un único episodio o de una sucesión de agresiones en el tiempo. “Si fue en un solo momento, hablamos de alevosía. Si no, puede encuadrarse en el síndrome del niño maltratado. Pero en ambos casos el reproche penal será máximo”, indicó.

El fiscal también puso el foco en el proceso de revinculación que permitió que el niño regresara con su madre. “Habrá que determinar si existe responsabilidad de funcionarios públicos que dispusieron la entrega del menor”, advirtió, y consideró que esa investigación debería ser llevada por otra fiscalía fuera de Comodoro Rivadavia para garantizar transparencia.

En ese sentido, explicó que ya se analiza el expediente del fuero de familia y no descartó imputaciones a funcionarios judiciales. “Cuando se instala la posibilidad de un delito, pasan a tener calidad de sospechosos”, sostuvo.

Olazábal indicó que la causa recién se inicia y que restan peritajes clave, entre ellos el análisis de dispositivos móviles y estudios complementarios del laboratorio forense. También confirmó que, de acreditarse los hechos, las penas en expectativa serían las máximas previstas por la ley.